Es decir, la acreditación de haber cumplido con el protocolo de vacunación, para acceder a gimnasios, hostelería y residencias de ancianos, habiendo cumplido el ciclo completo de vacunación.

Dudas sobre su licitud

Muchas personas nos hacemos las siguientes preguntas:

• ¿Es lícito que alguien que no tiene autoridad sanitaria o legal alguna al respecto, es decir un camarero; un portero de discoteca o un recepcionista limite el acceso si no se exhibe o se acredita estar vacunado?

• ¿Es lícito que alguien sin autoridad para ello acceda a mis datos personales?

La norma en sí se encuadra en el ámbito de un estado de pandemia donde hay que tomar medidas para que no se extienda y agrave.

Un problema de estado.

Pero la norma no contempla ni da respuesta a esas cuestiones.                                     

Además, también existe el problema de que como va a exigirse el Pasaporte Covid si todos los ciudadanos no han podido acceder al mismo por problemas de saturación de la plataforma de salud.

Yo misma pude comprobar en Barcelona, en la Ciudad de la Justicia, en los bares y restaurantes del complejo que el Pasaporte no se pedía porque ni estaban preparados para ello ni sabían cómo hacerlo. O quien tenía que hacerlo.

Entiendo que estas cuestiones habría que haberlas previsto antes o como mínimo con la promulgación de tal normativa.

Abro debate gustosamente y estoy abierta a cualquier comentario o aclaración sobre el tema.

Rosalía Pensado. Abogada y Mediadora

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La respuesta es sencilla: Depende

No es lo mismo redactar por ejemplo un burofax reclamando el pago de un dinero que le deben su vecino por ejemplo que el estudio, preparación y asistir a un juicio penal en una agresión con su vecino.

Por ponerle un ejemplo práctico no es lo mismo que su fontanero cambie una gomita que cambie toda la instalación.

¿Todos los abogados cobran lo mismo?

No, al igual que todos los profesionales, peluqueros, fontaneros, médicos, psicólogos, etc no cobran lo mismo

Por supuesto los clientes quieren pagar por los honorarios cuanto menos mejor, recibiendo la misma calidad que pagando un precio u honorarios mayores.

La calidad para nosotros los abogados se traduce en dedicación, que se traduce en tiempo,  y el tiempo es dinero, por lo que lógicamente un precio bajo va a suponer menor dedicación y por tanto menor calidad en el servicio.

Por lo que incluso hay clientes que frente a honorarios muy bajos dudan y con toda la razón sobre cuanto tiempo le va a dedicar el abogado a su problema

¿Qué motivos hacen que un cliente contrate a un abogado?

El precio de los honorarios puede ayudar pero no es determinante.

Igual ante un trámite judicial más sencillo puede influenciar más y puede decidir irse a un despacho de abogados con honorarios más económicos pero cuando se trata de asuntos que revisten un poquito más de complejidad buscan a un abogado que pueda resolverles o darles una solución porque para cada cliente su problema es lo más importante.

Entonces buscan otros valores, como confianza, dedicación, experiencia, formación, trasparencia, en resumidas cuentas calidad.

¿Hay que cobrar la primera consulta?

Muchos compañeros y compañeras piensan que no cobrando la primera consulta van a poder captar al cliente.

Esta opinión es meramente personal pero me consta compartida por la mayoría de despachos

El abogado no está para desperdiciar su tiempo, porque tiene que dedicárselo a otros clientes que si pagan y reconocen su servicio. (su trabajo).

Si un cliente acude a un despacho a preguntar unas dudas el abogado le da una información que sólo él puede darle por su nivel de conocimientos, (tiene una carrera, una formación jurídica tras años de estudios), una experiencia, etc…

Al igual que si acude a una consulta de un médico que le va a explorar porque sólo un médico puede hacerlo.

Por tanto la información que un abogado da a su cliente le puede ayudar para solucionar su problema, o bien orientar o bien indicarle tiene usted que presentar tal demanda, etc.. y llevarle el procedimiento si el cliente acepta el presupuesto.

Por tanto cobrar la primera consulta es esencial primero porque tú estás trabajando ayudando a ese cliente y segundo porque si ese cliente no vuelve el abogado ha perdido su tiempo incluso no dedicándoselo a otros clientes.

El hecho de que un cliente llame a un despacho diciendo que no quiere pagar la primera consulta ya es significativo del tipo de cliente que es y del valor que va a dar a nuestro trabajo, por lo que nosotros tampoco estamos obligados a coger a cualquier cliente.

Mª Dolores Ortiz Bermejo (Abogada)

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Que se iba a digitalizar, y parecía que con Lexnet y con el expediente judicial se le iba a dar un impulso también lo habíamos escuchado todos

Que el confinamiento debido al COVID iba a suponer una oportunidad para avanzar en ese aspecto y en los juicios telemáticos.

Pero sin embargo lo que parecía un avance se ha quedado en palabras, o en buenas intenciones pero sin avance.

Contradicciones de Lexnet

Lexnet surgió entre otros motivos para agilizar y desbloquear la justicia mediante la posibilidad de enviar los escritos y por tanto que fuera todo el procedimiento judicial digitalizado.

Pero hay sin sentidos que son:

• ¿Por qué cuando se envía una demanda telemática por Lexnet además hay que presentar copias en papel para las otras partes?

• ¿Por qué no existe un canal telemático igual para todas las comunidades autónomas, llámese Lexnet, o como quiera que se llame?

• ¿Por qué un escrito enviado por Lexnet tarda en aceptarse por el Juzgado más de una semana cuando se supone que hay una inmediatez en las comunicaciones?

• Que no se pueda utilizar cualquier navegador

• Los problemas con JAVA

• Que el abogado o procurador si un escrito es rechazado tengas solo 24 horas para subsanar el rechazo cuando sin embargo los funcionarios tardan días o semanas en aceptarlo

Los juicios telemáticos

Con el confinamiento parecía una necesidad adaptar a marchas forzadas la administración de justicia a la digitalización y a su vez mediante los juicios telemáticos.

Ahora que la incidencia por COVID ha bajado tras el duro confinamiento parece que también nos estamos relajando y volviendo a las vistas presenciales.

¿Por qué no hemos adaptado la justicia telemática?

Como ya hablé en su momento en el artículo los juicios telemáticos ¿han llegado para quedarse? eran muchas las ventajas tanto de ahorro en costes de tiempo como en desplazamiento la llegada de los juicios telemáticos siendo un impulso a la Administración de justicia para hacerla más eficaz y rápida.

Lamentablemente la respuesta ha sido volver atrás… teníamos la oportunidad de modernizar la justicia y hemos dado un paso atrás…

Soluciones

Desde mi punto de vista la solución mas que en inversión económica y de medios personales está en la voluntad de llevar a cabo todas estas actualizaciones, como dice el dicho “el que tiene ganas encuentra el tiempo y el que no encuentra excusas”

Por tanto hay que dejar de poner excusas y modernizar de una vez la Administración de Justicia

Mª Dolores Ortiz Bermejo (Abogada)

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Una de ellas es la inhabilitación del periodo Navideño, por tanto el año próximo probablemente será inhábil judicialmente

Los días de Navidad entre el 24 de diciembre y el 6 de enero serán inhábiles a efectos judiciales

Lo cual significa que no se computarán a efectos de plazos y que no se llevaran a cabo actuaciones judiciales, salvo las urgentes.

En este caso habrá que modificar el art. 130.2 LEC añadiendo al mes de agosto que actualmente se considera inhábil los días entre el 24 de diciembre y 6 de enero

Avance hacia la conciliación

Esto es consecuencia del acuerdo adoptado entre el Ministerio de Justicia con todas las profesiones jurídicas representadas en el grupo de trabajo sobre conciliación que fue solicitado por el Consejo General de la Abogacía Española.

Y que se va a plasmar en la ley de eficiencia procesal

Se trata de un anteproyecto que podría llegar al Congreso en enero de 2022

Otros aspectos importantes

Además el anteproyecto contempla también aspectos importantes para abogados:

En los casos de nacimiento y cuidado de menor, que dispongan de la baja por maternidad o paternidad podrán solicitar la suspensión del procedimiento -y por tanto de todos los plazos procesales-

En los casos de enfermedad grave y/o fallecimiento de un familiar del profesional de la abogacía, se incluye ahora la suspensión de 3 a 5 días (según necesidades de desplazamiento).

Aunque queda mucho por recorrer, esto es un avance que protege a los profesionales jurídicos y los equipara a los derechos que cualquier trabajador pueda tener.

Mª Dolores Ortiz Bermejo (Abogada)

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¿Por qué se puede reclamar?

Recientemente la Sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del TS de 17 de septiembre de 2021 ratifica las multas impuestas en el año 2015 por la CNMC al denominado ‘cártel del automóvil’

Que sumaban 171 millones de euros ratificando el fallo de la Audiencia Nacional a determinadas marcas por intercambiar información comercial continuada

Todo ello para controlar el mercado de distribución de vehículos, así como los servicios posventa de reparación, mantenimiento y recambio de piezas.

Como consecuencia de los sobrecostes en los precios de los coches de determinadas marcas la mayoría de las empresas de coches han participado en los distintos intercambios de información comercialmente sensible

Fijando un acuerdo de precios de venta de automóviles estandarizando los precios provocando una falta de competencia descompensando el mercado

Se trata por tanto de prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la competencia

En este punto cabe destacar la importancia del informe pericial económico

Postura del Tribunal Supremo

El Supremo, a partir de su jurisprudencia y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), avala de esta forma que el intercambio de información entre empresas fabricantes y distribuidoras de automóviles constituye una «restricción por objeto» 

Argumenta que compartir información entre empresas competidoras referente a precios y otros aspectos comerciales «y que tiende directamente a hacer desaparecer la incertidumbre en el mercado y tiene aptitud para homogeneizar comportamientos comerciales» supone una conducta infractora muy grave y que encaja en la definición de cártel.

¿Quién puede reclamar?

Cualquier persona física o jurídica que haya adquirido un vehículo de uno de los fabricantes condenados entre febrero de 2006 y agosto de 2013

Marcas:

BMW, Citroën, Chevrolet, Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW Audi o Volvo en alguno de los 130 concesionarios sancionados.

¿Cómo reclamar?

Tendrás que iniciar un procedimiento judicial contra la marca que te vendió el coche

Será necesario la documentación específica del vehículo (como la ficha técnica) y las facturas de las compras, o la póliza suscrita con la entidad financiera en caso de leasing o contrato de renting. y las reparaciones o mantenimientos de esos años, y Permiso de circulación del vehículo.

Se reclama el sobrecoste sufrido por cada comprador, cuyo resarcimiento se reclama en demanda judicial acompañada de informe pericial, que cuantificará el sobrecoste sufrido y por tanto la indemnización a reclamar.

Esta demanda ha de presentarse en el Juzgado de lo Mercantil.

Aunque el sobrecoste depende del vehículo y el modelo comprado, se estima que las indemnizaciones pueden alcanzar entre un 10% y un 12% del precio del vehículo adquirido.

El plazo de prescripción es de un año según lo previsto en el artículo 1.968 del Código Civil,

Que comenzó a contar desde la sentencia del Tribunal Supremo.

 Lo mejor es si tu vehículo está afectado que consultes a un abogado

Mª Dolores Ortiz Bermejo (Abogada)

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La mediación es, como ya habíamos apuntado en anteriores ocasiones, una herramienta para la solución de conflictos interpersonales para evitar la reclamación judicial, (que en todos los casos agrava el conflicto ya existente).

Ámbito

Al contrario de lo que mucha gente cree, no se circunscribe solo al ámbito familiar, a los conflictos derivados de un proceso de divorcio, cese de la convivencia.

Es posible siempre que exista conflicto.

En cualquier ámbito. Y siempre que el conflicto esté en disposición de las partes que se someten a mediación.

Es decir, que no esté, legalmente, reservado y fuera de la voluntad y disposición de las partes.

Por lo que si la mediación resulta útil para resolver cualquier conflicto es evidente que se extiende a cualquier ámbito.

La mediación penal

En el ámbito penal sucede lo mismo que en el resto de ámbitos en los que la mediación se constituye como un remedio mas ágil, menos costoso, para resolver un conflicto evitando los tribunales.

Como en el resto de ámbitos es voluntaria

Ya que La participación en un proceso de mediación, incluso respecto a los conflictos que están inmersos en el sistema penal no puede obligarse a las partes a someterse a dicho proceso.

De lo contrario carecería de sentido. Es mas no se puede realizar sin que todas las partes implicadas accedan a ello.

El artículo 17 de nuestra Constitución  párrafo tercero, ya contempla la mediación en el ámbito penal y  dispone: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en que se requerirá supervisión judicial”

Está limitada a la reparación del daño a la víctima, y siempre con supervisión judicial.

Es evidente que las leyes penales no están dentro del ámbito de disposición o de voluntad de las personas a ellas sometidas.

Pero si hay otros aspectos del delito penal que son susceptibles de ser mediados, y algunos de ellos con supervisión judicial y dentro del proceso.

En conclusión

Siempre se ha dicho que hablando se entiende la gente.

Que la comunicación es indispensable para resolver dudas, informar etc.

Pues bien la Mediación no es más que eso, una herramienta que permite a las personas implicadas en un conflicto sea de la clase que sea resolver por si mismas esa situación, ese problema.

Por lo que, unido a las ventajas económicas de tiempo, de coste emocional que supone un proceso judicial no deberíamos dudar en acudir antes a la Mediación.

Rosalia Pensado. Abogada Y Mediadora 

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En caso de que gane costas ¿Qué ocurre?

El beneficiario de justicia gratuita tendría que abonar dichas costas a su abogado y procurador que fueron designados por el turno de oficio

Por lo que lo más lógico es que el Letrado de la administración de Justicia haga el pago directamente al abogado y procurador que de oficio intervinieron.

La razón es muy lógica ya que si se hace a los titulares del beneficio de justicia gratuita existe el riesgo que dichos titulares no paguen a los profesionales que intervinieron en su defensa y representación, y ello además conllevaría un aumento de la litigiosidad debiendo los profesionales reclamar a su cliente.

En caso de que sea condenado en costas

Aunque sería procedente tasar las costas sin embargo no se podrían ejecutar al beneficiario de justicia gratuita.

Cuando a una persona se le concede el derecho a la justicia gratuita, además de facilitarle como prestación la designación de un abogado de oficio que le defienda, se establece que no pagará las costas causadas a la otra parte (gastos de abogados, procuradores, peritos, etc.) en el supuesto de que pierda el pleito.

Salvo que viniera a mejor fortuna en el plazo de los tres años siguientes

Pero no solo deberá abonar las costas del contrario sino también tendrá que pagar a su abogado y procurador

¿Se puede solicitar la ejecución de las costas del beneficiario de justicia gratuita?

La mayoría de la jurisprudencia, entre ellas Auto 4/04/2017 de la AP de Madrid, Auto de la AP de Barcelona de 24/06/2017, entiende que sólo se pueden ejecutar cuando ose acredite que ha venido a mejor fortuna.

Una cosa es la tasación de costas y otra muy diferente su ejecución y cobro

Mª Dolores Ortiz Bermejo (Abogada)

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En nuestro despacho de abogados utilizamos siempre la hoja de encargo como un documento en el cual se reflejan la prestación de nuestros servicios jurídicos y pago del cliente por los mismos.

Se podría decir que es como una especie de contrato de prestación de servicios.

Beneficios

Este documento es muy beneficioso tanto para el cliente como para el abogado

Porque ofrece al cliente la seguridad de saber que es lo que se va a llevar a cabo y el coste económico.

Por lo que es garantía de claridad frente al cliente

Aporta trasparencia, seguridad y confianza al cliente

Para el abogado es garantía de que hay un compromiso de pago por parte del cliente

¿Es obligatoria?

No es obligatoria pero si muy recomendable, de hecho muchos colegios de abogados aconsejan su utilización.

Mediante este documento se transmite una imagen de profesionalidad del abogado al cliente.

El art 13.1 del Código Deontológico dice así: “la relación del abogado con el cliente debe fundarse en la recíproca confianza. Dicha relación puede verse facilitada mediante la suscripción de la Hoja de Encargo”.

Mª Dolores Ortiz Bermejo (Abogada)

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Su uso es similar a un correo que permite previa identificación con certificado y firma electrónica acceder al contenido de las notificaciones, así como enviar y recibirlas.

Dependencia a lexnet

Desde que se implantó dicho sistema es difícil que abogados y procuradores puedan desconectar en algún momento del año.

El art. 162 LEC

El problema está en que el contenido del art. 162 LEC que indica que cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos […] transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos”.

Por lo que si un abogado o procurador recibe una notificación del juzgado y no abre el buzón de Lexnet en 3 dias se le tiene por notificado, con las consecuencias que conlleva para el cómputo de plazos.

Ello atenta contra los derechos fundamentales de los profesionales, como derecho al descanso, a las vacaciones, etc.

¿Es inconstitucional el art. 162 LEC?

Un Juzgado de lo Social de Madrid plantó cuestión de inconstitucionalidad en relación a si el art.162.2 de la LEC, referido a la remisión por medios electrónicos de los actos de comunicación procesal, puede vulnerar los derechos siguientes:

• Tutela judicial efectiva al dar por notificada dicha resolución por el mero transcurso de 3 días desde su recepción, aunque el destinatario no haya accedido a su contenido.

• El derecho al descanso y a las vacaciones de abogados y procuradoresal tener que estar pendientes cada 3 días de las notificaciones, y obligarles a estar conectados para comprobar si reciben o no notificaciones.

Decisión del Tribunal Constitucional

Pues bien el TC se pronunció en Auto de fecha 22 de septiembre de 2020 indicando que dicho artículo no era inconstitucional.

Indicando que el profesional tiene tiempo sobrado en 3 días para acceder a su contenido y si no lo hace es por su falta de diligencia y por tanto no se vulnera la tutela judicial efectiva.

¿Por qué no se reconocen nuestros derechos?

Y mi pregunta es si como trabajadores y como personas no tenemos derecho a enfermar, a dar a luz, a enterrar a nuestros seres queridos, ya que el sistema nos sigue enviando notificaciones y computando plazos.

¿No tenemos los derechos fundamentales que tiene cualquier trabajador?

¿Por qué no se nos reconocen?

En cuanto al descanso de los profesionales dice el TC que durante el mes de agosto salvo excepciones no se practicarán notificaciones y que además hay un mecanismo de sustituciones y de autorizaciones.

Y me pregunto, que ello es muy bonito pero es teoría porque aunque se supone que hay unas horas donde el Juzgado teóricamente nos notifican, sin embargo, en la práctica cada Juzgado hace lo que le da la gana, y unos respetan y otros no.

En cuanto a lo de “las sustituciones entre abogados”, sus Srias no han tenido en cuenta, quizás por desconocimiento de cómo funciona el sector de la abogacía, que todos los despachos no son tan grandes y muchos no tienen trabajando a varios abogados sino que la mayoría son pequeños y medianos por lo que un abogado no puede sacar de su “chistera” un compañero que le sustituya cuando quiera y cómo quiera.

¿Qué pasa con el mes de agosto?

Pues tres cuartos de lo mismo, porque aunque la Ley declara inhábil dicho mes salvo para excepciones, siempre está el funcionario que se va de vacaciones en julio y en agosto vuelve y nos notifica, sin que entren dentro de las excepciones.

¿Dónde está nuestro derecho al descanso y a la desconexión? ¿Se nos está privando del mismo? 

Mª Dolores Ortiz Bermejo (Abogada)

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Ya que cada vez es más frecuente que compañeros y compañeras manifiesten episodios vividos en los Juzgados, bien por parte del funcionariado de base o de jueces, secretarios judiciales, o fiscales.

Y además recientemente se han publicado en varios medios, entre ellos confilegal, el malestar de abogados habiendo sufrido ellos o sus clientes un trato desconsiderado por parte de autoridades o funcionarios judiciales.

También en otro medio economist&jurist se ha mencionado en un artículo “el 86,3% de nuestros letrados ha tenido alguna mala experiencia con el personal de la Administración de Justicia” basándose en una encuesta que la misma editorial hizo a principios del mes de septiembre.

Afortunadamente no es la mayoría pero es curioso que cada vez más se oigan casos similares.

Y con ello no quiero transmitir que la mayoría de funcionarios de la Administración de Justicia se comporte de esta manera, pero “haberlos haylos”.

Y parece que nadie hace nada para que no se produzca, actuando con total impunidad.

El respeto debe ser recíproco

Tanto los ciudadanos como los profesionales tenemos derecho a un trato correcto y respetuoso por parte de todos los funcionarios.

En cuanto a nosotros los abogados nosotros debemos respeto a los funcionarios pero no más que el que nos deben a nosotros.

El respeto debe ser recíproco no unidireccional.

¿Qué faltas de respeto o desconsideraciones son las más habituales?

• Desde que haya jueces y funcionarios que no den ni los buenos días.
• Que cuando vas a consultar a un Juzgado un expediente y a pesar de estar viéndote bajan la cabeza, tardan en atenderte, y se dirijan con prepotencia con expresiones como ¿Qué es lo que quiere?
• Que utilicen expresiones despectivas con nosotros o con nuestros clientes, diciendo al cliente que no sé para qué quiere usted un abogado si esto está muy claro.
• Que en Sala nos corten continuamente a la hora de interrogar, preguntar o informar.
• Que a la hora de las conclusiones del juicio no nos dejen el tiempo necesario y nos corten cuando apenas llevamos dos minutos.
• Que señalen cada 15 minutos juicios con la consecuente cola y retraso en los mismos.
• Que no lleguen a la hora, que no comience el juicio a la hora y no haya ninguna disculpa ni explicación al respecto.
• Que tengas que estar toda la mañana esperando para un juicio que tienes señalado a las 10.30 y que comience a las 12.30
• La falta de accesibilidad de los jueces, muchos de ellos cuando dan alguna conferencia a la que asistimos abogados no se cansan en indicar que están a nuestra disposición en su Juzgado cuando en realidad no es así.

Y podria seguir…pero no quiero alargar más este blog.

¿Hay apoyo ante estos abusos?

A pesar de que mayoría de abogados y procuradores han vivido alguna situación desagradable muy pocas veces se denuncian o se presentan las quejas pertinentes.

Ello es debido al temor de muchos profesionales o bien a perjudicar a su cliente porque al fin y al cabo es el Juzgado quien va a dictar la Sentencia y porque en más de una ocasión vas a tener que volver a tratar con el funcionario o el Juez, aparte del corporativismo existente en la misma sede judicial entre sus funcionarios.

Por estos motivos convendría que hubiera un apoyo por parte de los colegios profesionales, ya que algunos de los colegios están más pendientes de relacionarse con las altas esferas judiciales que defender y apoyar a sus colegiados, cuando estos son los que sufragan el colegio con el abono de sus cuotas.

Mª Dolores Ortiz Bermejo (Abogada)

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