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2.º Los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa.

¿Cuánto ha entrado en vigor este nuevo tipo delictivo?

Entró en vigor el 12 de enero de 2023

¿Qué se pretende con la introducción de este delito?

Evitar los abusos y fraudes por parte de las empresas las cuales para evitarse el pago de la seguridad social del trabajador tenían a falsos autónomo bajo sus órdenes, con un horario, con dependencia, y con todas las características propias de toda relación laboral por cuenta ajena.

Lo que se protege son los derechos individuales y colectivos que toda contratación laboral garantiza al trabajador.

Derechos que son irrenunciables e indisponibles

¿Cómo será perseguido este delito?

Entendemos que como cualquier delito, mediante denuncia o bien por parte de la Inspección de Trabajo que lo pueda comunicar a la Fiscalía.

No obstante hay que reflexionar acerca de qué conductas se penan, entendiendo que el derecho penal debe ser la ultima ratio y que lo que realmente se sancionen sean infracciones especialmente graves, acudiendo antes a sanciones administrativas que penales, por lo que habrá que ver cual es el recorrido de este nuevo delito y dejando en manos de los Juzgados la interpretación de esta norma.

Entendemos que habría que preguntarse el motivo de porqué el empresario utiliza estas fórmulas ajenas a la legalidad en vez de efectuar una contratación laboral, y atajar el problema en su origen, con políticas que puedan favorecer la contratación de trabajadores y que disminuyan o bonifiquen al 100% con un sistema progresivo por ganancias de la empresa y en determinados casos el pago de la cuota de la seguridad social del trabajador, soluciones que tendrían que consensuarse con todos, sindicatos, empresarios y el Estado.

Mª Dolores Ortiz Bermejo (Abogada)

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Que ésta Navidad sea motivo de Felicidad y el año nuevo de éxito y prosperidad.

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Y desgraciadamente no lo has podido conseguir.

¿Qué podemos hacer en ese caso?

Lo lógico es acudir a un despacho de abogados de su confianza para que le asesore de los pasos a seguir en la reclamación de la deuda.

Primer paso. Burofax.

El primer consejo es que si usted no le ha enviado un burofax al deudor que lo haga lo antes posible, y si puede redactárselo y encabezarlo un abogado mejor.

Hay veces que un burofax bien redactado puede tener efecto a la hora de resolver esta situación de forma satisfactoria.

Además de que el burofax interrumpiría la prescripción por lo que seria doblemente útil.

¿Y si el burofax falla?

Entonces es inevitable presentar demanda de juicio ordinario.

¿Qué cauce procedimental seria el adecuado?

Cuando se trate de reclamaciones superiores a 6000 € seria a través del juicio ordinario comenzando interponiendo demanda siendo necesario abogado y procurador.

La demanda una vez admitida se notifica a la parte contraria para que la conteste en un plazo de 20 días hábiles

la audiencia previa

Acto seguido se citará a las partes a una audiencia previa, donde se dilucirán cuestiones procedimentales, excepciones procesales, proposición de prueba y previamente se intentará llegar a un acuerdo.

En  la misma audiencia previa se fijará la fecha del juicio.

No obstante nuestra recomendación es que desde el primer momento se acuda a un abogado que pueda asesorar, ver el enfoque adecuado y planificar todo el procedimiento.

Mª Dolores Ortiz Bermejo (Abogada)

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Nos asustamos porque no sabemos de qué se trata, ni lo que hay que hacer.

¿Necesitaré un abogado?

Qué es la declaración de investigado

Cuando se está investigando un delito, bien por denuncia judicial o ante la policía puede que hayan encontrado a una persona como posible autora de esos hechos.¡, y a quien le están investigando.

El investigado, (antes imputado), es la persona que de las investigaciones ha resultado como posible presunta autora del delito.

Es necesaria la presencia de un abogado.

¿Qué hacer si recibimos una citación para declarar como investigado?

En primer lugar ponerse en contacto con una abogado penalista para que desde el primer momento intervenga.

En primer lugar el abogado tendrá que “personarse”

¿Qué es la personación?

Es el acto procesal que presenta el abogado para intervenir en el procedimiento y poder ver todos los autos, conocer la causa.

Puede hacerse mediante comparecencia con el cliente o bien por escrito, en el que el cliente autoriza al abogado a defenderle y realizar todas las actuaciones necesarias entre ellas conocer la causa.

Algunos juzgado solicitan con posterioridad al cliente que refrende dicha personación mediante su firma.

¿Cuáles son las primeras actuaciones?

Una vez personados y vista la causa, denuncia, etc. Aconsejaremos al cliente como declarar.

Si no es posible o ante cualquier duda podemos aconsejar a nuestro cliente que se acoja al derecho a guardar silencio.

¿Cómo se desarrolla la declaración de investigado?

Una vez preguntado el investigado sobres sus datos personales, dni, nombre y apellidos, dirección y teléfono, se procederá a leerle sus derechos. (art. 520.2 LECRIM)

Entre estos derechos están:

El derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.

Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

Derecho a designar Abogado y solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto.

Dependerá del caso en cuestión lo que tengamos que aconsejar a nuestro cliente, por lo que lo más importante que cuanto antes contemos con un abogado.

Mª Dolores Ortiz Bermejo (Abogada)

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Teniendo en cuenta que todo trabajador tiene derecho a que sus datos sanitarios permanezcan en su esfera íntima.

Un ejemplo de ello es que cuando un trabajador causa baja en el correspondiente parte médico nunca se establece la causa de dicha baja.

¿Me pueden obligar a hacer el test?

La respuesta a la pregunta de si la empresa puede obligarme a hacer un test covid la encontramos sin duda en la Ley de Riesgos laborales, en el resto de normativa laboral.

Y en la obligación legal que tiene el empresario de velar por la seguridad de sus trabajadores, de la salud de estos en su puesto de trabajo, y la de otros compañeros a los que pueda afectar el estado de salud de un trabajador.

Pero es que además en el marco de situación excepcional sanitaria que está viviendo el País y Europa, y refrendado asimismo por la normativa Europea

La prevención ante la situación generada por la covid-19 es una prioridad en cualquier actividad diaria que podamos realizar, y, no podía quedar excluida la actividad empresarial y laboral.

Por lo que la respuesta a la pregunta es SI.

El empresario puede pedir al trabajador que se haga un Test Covid para acudir al trabajo y el trabajador no puede, y no debe negarse, pues su negativa puede tener consecuencias laborales.

¿Quién asume el coste económico de la prueba?

El empresario debe ofrecer al trabajador asumir el coste del test, y no repercutirle el tiempo que ha perdido en la realización de la prueba.

Es decir el coste de la prueba en su sentido mas amplio debe ser asumido por la Empresa.

Y dándose estas condiciones, además del apoyo legal de la toma de la referida medida por la Empresa, o de la petición del test por parte de la empresa, debe ser aceptado por el trabajador.

Y esto es así porque es evidente que el estado de salud del trabajador puede ser un peligro tanto para el mismo como para el resto de empleados o trabajadores o personas que tengan contacto con éste.

Los empresarios pueden y deben pedir dicha prueba para paralizar los contagios.

La Empresa tiene derecho a conocer si un trabajador está infectado o no.

Rosalía Pensado. Abogada y Mediadora.

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Todos nos preguntamos cuales van a ser las medidas se van a adoptar en las Empresas para protegernos de un contagio, de la infección del virus.

Porque si bien es cierto que el Estado de Alarma ha finalizado, el virus sigue campando a sus anchas.

Y la siguiente pregunta que todos nos hacemos es si podemos exigirle a la Empresa, a nuestra empresa, que nos proteja y adopte medidas que nos evite la infección y contagio del virus.

Obligatoriedad de la empresa para proteger nuestra salud

La normativa laboral obliga a las empresas a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del trabajador en su puesto de trabajo y su salud.

Y está claro que el tema del COVID es un tema de salud, grave, muy grave.

Y que requiere medidas excepcionales.

Podemos exigir a nuestra empresa que adopte y nos proporcione sin coste alguno para nosotros las medidas necesarias para evitar el contagio: geles hidroalcohólicos, mascarillas, distancias de seguridad, mamparas, medidas especiales en la atención directa al público, aforos máximos, limpieza y desinfección continua del centro o puesto de trabajo, e incluso el test de Antígenos o PCR

Dicho coste debería asumirlo la Empresa.

Normativa de prevención de riesgos laborales

La Ley de prevención de riesgos laborales es la base normativa fundamental sobre la que se construye el sistema de prevención en España.

En la misma se establece una serie de obligaciones a los empresarios para que garanticen la salud de los trabajadores.

Así, el artículo 14.2 establece la obligación empresarial general de “garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”

Consecuencias del incumplimiento

En caso de que la Empresa no cumpla debemos denunciar a la INSPECCION DE TRABAJO por el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular de las normas específicas frente al COVID.

Y por otro lado el articulo 21 de la Ley de prevención de riesgos laborales establece que en caso de incumplimiento de las obligaciones anteriormente expuestas, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.

Creo que la cuestión puede solucionarse con buena predisposición por ambas partes, y con la férrea voluntad de cumplir con la normativa.

Amén de consideraciones especificas en torno a las medidas adoptadas para frenar la crisis sanitaria.

Rosalía Pensado. Abogada y Mediadora.

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Para evaluar las competencias de los progenitores, sus capacidades y el desarrollo emocional y necesidades del menor para establecer cual es el régimen de custodia más adecuado.

La evaluación del menor

Es muy frecuente que el menor se vea obligado, en muchas ocasiones por la actitud de uno de los progenitores inconsciente o consciente en otras ocasiones de hacerle participe del conflicto.

O dicho de otro modo de no preservarle del mismo.

En esas ocasiones el menor se ve obligado por no defraudar o “enfadar” a uno de los progenitores a decir o hacer lo que sabe que éste espera de él.

O tomar partido por él.

En términos forenses estamos ante una “instrumentalización” del menor, termino que particularmente me resulta muy gráfico.

¿Qué es importante evaluar?

Y donde podemos encontrar el origen a este desequilibrio emocional del menor, se trata de evaluar cual es el origen

Pueden ser algunos de estos motivos.

• Cuando los menores, los hijos, presencian las discusiones matrimoniales previas a la separación o divorcio.

• Cuando un progenitor habla con el menor refiriéndose al otro progenitor en términos de falta de respeto, de menosprecio, de descalificación.

• Poner en conocimiento de los hijos información de las circunstancias del divorcio que deben ser preservadas, como supuestas infidelidades, temas económicos, incumplimiento de obligaciones parentales, etc.

• Cuando se trata de convencer al menor acerca de la conveniencia de quedarse con un progenitor, a fin de que este se posicione.

• Cuando se trata de posicionar al menor en contra del otro progenitor de manera claramente intencionada evitando que el hijo o los hijos se relacionen con el padre, obstaculizando las visitas, impidiéndolas bajo diversas artimañas para luego decirles que el progenitor está ausente y no se preocupa de ellos.

• No darse cuenta de las verdaderas necesidades del hijo, y tener solo en cuenta las propias conveniencias e intereses.

• Implicar al menor en el conflicto, informándole y hablándole de las cuestiones en las que no están de acuerdo e intentar que sea el hijo quien de alguna manera con su decisión ponga fin a esas diferencias. Con lo que le estamos dando al menor una responsabilidad que no le corresponde.

Estas actuaciones como he indicado al principio no siempre son intencionadas.

Muchas veces uno de los progenitores no es consciente de que con su actitud, a veces de una forma victimista, o simplemente traumatizado o sobrepasado por una situación que tiene que manejar, se comporta así con los hijos.

Comentando sus circunstancias en voz alta, lamentándose, de “tú a tú”, haciéndoles partícipes de la situación, de sus miedos, etc.

Es importante la evaluación del menor cuando se sospecha de interferencias parentales.

Que el psicólogo sabrá detectar e informar no solo al Juzgado si no a los propios progenitores a fin de solucionar el conflicto preservando a los menores y garantizando su bienestar y desarrollo emocional.

Rosalía Pensado. Abogada y Mediadora

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Requisitos

Desde el dictado de la Sentencia dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en fecha de 24 de marzo de 2011 (ECLI:ES:TSJCAT:2011:3707), se deja claro que el artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social establece que en los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad de las personas divorciadas o separadas judicialmente quedará condicionado, en todo caso, a que, siendo acreedoras de la pensión compensatoria, ésta quede extinguida por el fallecimiento del obligado al pago.

La pensión de viudedad en estos es una prestación de sustitución de las rentas compensatorias que el separado o divorciado percibía de su ex cónyuge, y que con motivo de su fallecimiento ha dejado de percibir, manteniéndose vigente la prestación.

La pensión de viudedad sustituye a la pensión compensatoria que el cónyuge superviviente acredita, pero sin tener el carácter, obviamente de compensar ningún desequilibrio económico.

Aspectos de la pensión compensatoria

• Es indiferente que la pensión compensatoria sea temporal o definitiva. Lo esencial es que se extinga por el fallecimiento del causante

• Será suficiente con ser acreedor de la pensión compensatoria, y no necesariamente perceptor de la misma. No se pierde el derecho a la pensión de viudedad si se tiene reclamado su impago

• No se consideran ni equivalentes, ni equiparables, ni análogas a los efectos referidos en este escrito: la sustitución de la pensión compensatoria por una renta vitalicia, usufructo de bienes, entrega de capital o renta por el uso de la vivienda conyugal.

• En estos supuestos la pensión de viudedad será vitalicia.

Rosalía Pensado. Abogada y Mediadora.

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Es muy frecuente el tener una mascota en casa.

Y todos o casi todos hemos tenido o tenemos.

La nueva Ley

La nueva Ley exige a todo aquel que vaya a tener un perro que realice un curso de preparación o formación para ello.

Con la finalidad de que todo aquel que vaya a ser propietario de un perro reúna las condiciones, aptitudes y capacidades para poder hacerse cargo de él y responsabilizarse de todas sus necesidades.

En el 2022 el dueño de un perro o de un gato o cualquier otro tipo de mascota doméstica  estará obligado a sacar su DNI.

Se pone énfasis en la naturaleza de seres vivos de las mascotas, y por tanto sujetos de derechos y de obligaciones.

Prohibiciones

Lo más destacable son las prohibiciones que expresamente recoge esta Ley y que afectan a lo cotidiano en cada vez mayor medida:

Únicamente se procederá a la eutanasia o el sacrificio de animales de forma justificada bajo criterio y control veterinario con el único fin de evitar su sufrimiento, en casos de enfermedad o heridas incurables, o por motivos de sanidad.

Las más destacables

Se prohíbe expresamente sacrificar a un animal por razones económicas o problemas de comportamiento.

Se prohíbe el maltrato.

Puede parecer obvio, pero al parecer hacia falta estipularlo expresamente.

Cualquier tipo de maltrato. Incluida la negligencia en el trato y el abandono.

Se prohíben todo tipo de mutilaciones por razones estéticas o modificaciones corporales como las que se realizan en algunas razas.

Por tanto, se prohíbe la castración o esterilización, salvo que por criterio facultativo sea necesaria.

Se prohíbe asimismo no solo las peleas entre animales si no su adiestramiento con tales fines.

La ley impide utilizar animales en espectáculos públicos o actividades artísticas, turísticas o publicitarias, que les causen angustia, dolor o sufrimiento y, en todo caso, en atracciones mecánicas o carruseles de feria, así como el uso de animales pertenecientes a especies de fauna silvestre en espectáculos circenses.

Se prohíbe el uso de animales en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones, en las que se mantenga al animal de forma antinatural conforme a las características propias de su especie, o inmovilizado durante la duración del evento.

También queda prohibido utilizar animales como reclamo o acompañamiento para mendigar.

Se prohíbe utilizarlos en trabajos inadecuados o excesivos a sus condiciones físicas.

La explotación de animales en tareas agrícolas, o campestres, etc..

Está prohibido usar pinchos, correas, collares y otros similares que ahorquen o aparatos eléctricos que causen daños y sufrimientos a los animales sin perjuicio de las excepciones que se establezcan reglamentariamente.

También la nueva Ley prohíbe mantener de forma permanente a los animales en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos.

Está prohibida la eliminación de cadáveres de animales de compañía sin comprobar su identificación, cuando ésta sea obligatoria, y la no comunicación a la administración competente de la retirada del cadáver de un animal de compañía identificado.

Está prohibida la comercialización, donación o entrega en adopción de animales no identificados conforme a la normativa vigente.

La comercialización de animales de compañía en tiendas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales está prohibida.

Además, la transmisión, a título oneroso o gratuito, de animales sólo podrá realizarse directamente bien desde la persona responsable de la cría, bien desde una Entidad de Protección Animal, sin intermediarios, actúen éstos a título oneroso o gratuito.

La cesión de animales entre particulares deberá ser, en todo caso, gratuita y quedar reflejada por contrato.

Unas son muy obvias, la mayoría de nosotros las tenemos en cuenta y ni se nos ocurriría; y no obstante es muy significativo que haya que recogerlas expresamente en una Ley.

Este tipo de cuestiones son como tomarle el pulso a la sociedad y ver el estado de salud tiene la nuestra.

Rosalía Pensado. Abogada y Mediadora.

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