Una de las consecuencias conocidas de la crisis financiera por la que atravesamos, unida a la crisis de liquidez que presenta el sector bancario, es que muchos pequeños inversores han perdido los ahorros de toda una vida al haberlos invertidos en productos tóxicos bancarios. Es lo ocurrido con las cuotas participativas de la CAM.
Las cuotas participativas son instrumentos financieros negociables emitidos por las cajas de ahorro españolasque permiten a los inversores obtener una rentabilidad anual y participar en el reparto de los beneficios de la entidad. Se pueden comprar y vender en bolsa de valores. El Banco de España las define como “activos financieros o valores negociables que pueden emitir las cajas de ahorros”.
Como ya es conocido la CAM de la que posteriormente se hizo cargo el Banco Sabadell comercializó este producto.
Dolores Arlandis señala que en el caso de las cuotas participativas de la CAM, se vendierón sin explicar bien que era en realidad el producto. De un lado, las cuotas resultan de mayor complejidad que las acciones. De otro, es un producto de riesgo elevado y por tanto no apropiado a un perfil de inversor conservador, sin experiencia en productos financieros de riesgo. La CAM deberá demostrar que cumplió los requisitos MIFID para comprobar el riesgo del inversor. También recalcar, que la conducta de los administradores de la CAM durante los últimos años, y en concreto en la venta de las cuotas participativas podría dar lugar a acciones de responsabilidad del Consejo.
Foto: Fte: Las Provincias
La Unión de Consumidores de la Comunitat quiere que el Banco Sabadell Atlántico, nuevo propietario de la caja alicantina, informe de la solución que tiene previsto facilitar a los afectados que adquirieron este producto.
A su juicio es imprescindible que el nuevo propietario de la caja facilite información sobre que va a pasar con estas inversiones, ya que son muchos los afectados. Según la asociación, la mayoría de los damnificados compraron dichas cuotas sin contar con información suficiente o incluso porque se les exigía como condición para la contratación de un préstamo, y por lo tanto, en opinión de esta asociación los cuotapartícipes no deberían asumir las consecuencias de la nefasta gestión
El asesor jurídico de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE), Pablo Pajín, y los abogados del despacho AvanzAC Dolores Arlandis y Justo Pascual han explicado a los cuota partícipes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) las ventajas de emprender una demanda judicial colectiva, que consideran «más beneficiosa» que la individual, y ha instado a «emprender acciones rápidamente».
Dolores Arlandis, ha señalado que hay que intentar la mediación con el Banco Sabadell, propietario de la CAM, aunque se ha mostrado convencida de que «no va a prosperar» y, en este sentido, ha hecho alusión a las últimas afirmaciones del banco catalán, quien, antes de Navidad, manifestó que «no hay solución» para las cuotas participativas.
A este respecto, Justo Pascual ha destacado que desde la consultoría AvanzAC enviaron un burofax al Banco Sabadell pero «no han contestado».
Pajín, Pascual y Arlandis celebraron el pasado martes 10 de enero de 2012, una asamblea informativa con los afectados en el Salón de Actos del Colegio Notarial de Valencia para comunicarles las diferentes vías que pueden adoptar: mediación, demanda individual o demanda colectiva. Se calcula que el número de afectados asciende a 50.000. La cuantía de dinero invertida en estos productos financieros todavía no ha sido contabilizada.
Pablo Pajín, de la UCE, indicó que en la reunión se buscará una solución para los ahorradores que han adquirido estos «productos financieros tóxicos», cuyo valor en estos momentos es «cero».
